En los últimos años, los alimentos ultraprocesados se han convertido en el epicentro de debates en un sinnúmero de esferas, incluyendo el legislativo y ahora el judicial.
Aunque estos productos han sido señalados como dañinos y adictivos, las empresas fabricantes responsables de su fabricación han intentado minimizar sus riesgos para la salud y responsabilizado a los consumidores por sus afectaciones.
Destino Panamá decidió conversar con el experto en temas de nutrición, salud pública y derechos del consumidor, Rafael Carles, y analizar la primera gran demanda en los Estados Unidos contra las grandes empresas alimentarias que intentan mitigar los efectos perjudiciales en la salud pública de sus productos ultraprocesados.
Según la demanda presentada en diciembre pasado por el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, las empresas nombradas son Kraft Heinz, Mondelez, Post, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Nestlé, Kellanova, Kellogg, Mars y Conagra.
Las demandas contra fabricantes de alimentos supuestamente inseguros o poco saludables no son un concepto nuevo. Sin embargo, según Rafael Carles, el caso presentado en los tribunales de California es “único», porque «es el primer caso de este tipo presentado contra fabricantes de alimentos ultraprocesados por el gobierno, en lugar de particulares».
Revisamos con nuestro interlocutor las perspectivas de este caso, se evalúan los detalles de la demanda, las pruebas contra los alimentos ultraprocesados y se propone el camino para realizar cambios significativos en las políticas alimentarias.
¿Qué son los alimentos ultraprocesados? ¿Cómo afectan a la salud humana?
Los alimentos ultraprocesados son alimentos que utilizan ingredientes y métodos que la gente común que prepara sus alimentos en casa no utiliza. Generalmente incluyen colorantes, preservantes, saborizantes y aditivos diseñados para mejorar la textura y la apariencia. El término ultraprocesado proviene del científico brasileño Carlos Monteiro, quien desarrolló un sistema de categorización que va desde alimentos sin procesar de nivel 1 hasta alimentos ultraprocesados de nivel 4. Sin embargo, la falta de una definición formal de «ultraprocesado» ha dificultado su regulación y la demostración de su impacto, tanto en estudios científicos como en demandas legales. Por ello, a nivel nacional e internacional, se hacen esfuerzos a nivel de gobiernos para establecer un consenso sobre qué se considera «ultraprocesado».
¿Cuan dañinos son esos productos para el cuerpo humano?
Existe mucha evidencia sobre cuan dañinos son estos productos para el cuerpo humano. Algunos no son siquiera alimentos por la cantidad de sustancias artificiales que contienen. En este momento, la mayoría de las personas en el sector de la salud pública coinciden en que los ultraprocesados son un riesgo para la salud, porque causan enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad, diversos tipos de cáncer, problemas neurológicos, problemas endocrinos, etc. Y toda esta evidencia es lo que ha impulsado la creciente demanda de cambios.
El fiscal de la ciudad de San Francisco, California, David Chiu, presentó recientemente una demanda contra varias corporaciones que fabrican y venden alimentos ultraprocesados. ¿Ha habido otros casos contra empresas de alimentos por vender productos similares? ¿Cómo han ido?
La reciente demanda presentada en un tribunal de San Francisco es única porque es el primer caso de este tipo interpuesto contra fabricantes de alimentos por el gobierno, en lugar de por particulares. Hasta ahora, la mayoría de los casos que hemos visto contra empresas que venden alimentos ultraprocesados han estado relacionados con el etiquetado y la falta de información. Por ejemplo, los demandantes han argumentado: «Ustedes comercializan su producto como ‘totalmente natural’, pero están utilizando ingredientes modificados genéticamente o saborizantes artificiales».
También ha habido algunos casos que alegan que los alimentos producidos por una empresa o un grupo de empresas han causado obesidad u otras enfermedades relacionadas con la dieta. El más famoso es Pelman contra McDonalds, un caso de hace 20 años interpuesto por un grupo de niños que acusaron a la cadena de comida rápida de causarles obesidad e hipertensión, alegando publicidad engañosa sobre el valor nutricional. Al desestimar el caso, el juez no se convenció de la causalidad. No había suficiente certeza sobre la cantidad de producto que consumieron estas personas ni sobre cómo otros alimentos en su dieta u otros factores genéticos podrían haber contribuido. El caso también giró en torno a si los alimentos eran en realidad más dañinos de lo que los consumidores sabían o deberían haber sabido.
¿Qué hay de los casos más recientes?
En un caso presentado hace aproximadamente un año en Filadelfia, Martínez contra Kraft Heinz Co. et al., una persona demandó a estas mismas diez empresas que aparecen en el nuevo caso en San Francisco. Fue una demanda impresionante en cuanto a los datos científicos detallados y las pruebas que reunió para demostrar que estos alimentos causan daño, que las principales empresas alimentarias saben que sus alimentos causan daño y que han mantenido conversaciones sobre el tema. Ese caso fue desestimado, aunque el demandante ha solicitado al tribunal que presente una demanda enmendada.
Imagen generada con inteligencia artificial. | Destino Panamá
El caso de Martinez fue presentado por un solo demandante, en lugar de un grupo. Las personas que demandan a las empresas alimentarias como grupo han tenido un camino difícil, en parte porque en las últimas dos décadas, los tribunales han reducido significativamente las posibilidades de litigar por demandas de acción de clase. En un caso de clase, el demandante tendría dificultades para demostrar que los miembros del grupo compartían suficientes hechos en común para justificar la certificación de clase.
De ahí la importancia de que el gobierno se haya sumado al caso contra los alimentos ultraprocesados. La ley estatal de California permite que los abogados municipales, como David Chiu, interpongan litigios a nivel estatal en nombre de los ciudadanos. Esto cambia el alcance de la acción, de una escala individual a una escala social. Y sin duda esto podría brindar nuevas oportunidades para que en un futuro vengan más demandas.
¿Cuál es la base legal o causa de la demanda?
Hay dos demandas distintas en el caso de San Francisco. La primera alega una violación de la ley estatal de competencia desleal. Alega que los demandados utilizaron prácticas desleales, fraudulentas o engañosas; que sabían que los alimentos que vendían eran perjudiciales para las personas, aun cuando afirmaban que eran seguros y saludables. Es un enfoque interesante porque probar el fraude puede evitar algunos de los desafíos que se enfrentan al probar la negligencia. Los casos de fraude se centran más en el conocimiento interno y el comportamiento de los demandados, mientras que los casos de negligencia suelen centrarse en la causalidad. Los demandantes deben demostrar que las empresas sabían que algo era cierto, pero dijeron algo deliberadamente engañoso o inexacto, y eso llevó a las personas a comprar el producto.
La segunda demanda es por alteración del orden público, que también es un enfoque novedoso. Históricamente, la alteración del orden público sólo se consideraba en el contexto de la propiedad, de una disputa entre propietarios vecinos, o una situación cuando una propiedad causaba daños que afectaba a todo un vecindario. La compensación que busca el gobierno en un caso de alteración del orden público suele consistir en la mitigación de la molestia, es decir, básicamente, «Dejen de hacer lo que están haciendo o solucionen el problema que afecta a toda esta gente». En algunos casos, la mitigación de una alteración del orden público ha incluido el dinero necesario para solucionarla.
Pero en los últimos años, la alteración del orden público ha trascendido el contexto de la propiedad y se ha utilizado cada vez más en casos de tabaco, opioides y pintura con plomo. Utilizar la alteración del orden público fuera de asuntos puramente inmobiliarios ha tenido más éxito en algunos lugares que en otros, siendo California un estado particularmente receptivo. Y la alteración del orden público puede servir de base para que los gobiernos demanden cuando existe una amenaza común que perjudica al público y obliga a los gobiernos a destinar fondos para remediar el daño. Esta es la primera vez que vemos este tipo de demanda presentada en el contexto de la industria alimentaria.
Desde su óptica, ¿qué podrían argumentarar las empresas demandadas?
Aunque no soy abogado y tengo cero experiencias en litigios, conozco bien el comportamiento de estas empresas y entiendo el trasfondo del problema. Y por eso puedo afirmar que, en la demanda por alteración del orden público, el fiscal municipal tendrá que establecer la causalidad. Y demostrar la causalidad en un caso contra los alimentos ultraprocesados por alteración del orden público, será más fácil de lo que el público piensa. Pero aún así, el fiscal Chiu tendrá que demostrar que los daños a la salud son causados por los alimentos ultraprocesados de las empresas demandadas y no por otros factores. Y aquí es donde los demandantes tendrán la oportunidad de utilizar el libreto de las tabacaleras y argumentar que los daños a la salud no son producto de los alimentos ultraprocesados, sino de la genética, el estrés, la falta de sueño, la falta de actividad física y cuanto se les ocurra incluir en su lista de explicaciones.
Otro argumento clave para la defensa será que estaban cumpliendo con la ley. El tema de los alimentos ultraprocesados, y en general el de las enfermedades crónicas causadas por factores dietéticos, sigue estando muy poco regulado por la FDA. Las empresas argumentarán que este asunto es claramente competencia de la FDA. La FDA ha creado normas sobre cómo se aprueban aditivos e ingredientes, qué se puede hacer con ellos y qué se debe incluir en las etiquetas. Su argumento aquí sería básicamente: «Existe un marco legal y operamos dentro de él. ¿Qué quieren que hagamos si no seguimos las normas que nos imponen?». Pero la respuesta a esto será que, incluso si la FDA regula y la industria conoce muy bien sobre el contenido real de sus productos y sabe perfectamente cuán dañinos son, aún tiene el deber de vender productos seguros para el público.
¿Qué tipo de compensación se busca en este caso?
La demanda presentada por el fiscal municipal solicita al tribunal que prohíba a los demandados realizar publicidad engañosa, lo que podría significar muchas cosas. Además, la demanda también solicita «costos para mitigar la molestia pública». La mitigación puede incluir dinero para la ciudad o el estado para remediar el problema, ya sea fondos para educación pública o recursos al estado para aliviar los costos de salud asociados.
También podría aplicarse una medida preventiva y ordenar a las empresas a utilizar un etiquetado de advertencia nutricional, similar al tabaco. Igualmente, se le podría imponer a las empresas alimentarias la obligación de informar que los alimentos ultraprocesados son adictivos y provocan un consumo excesivo. Hay muchas direcciones posibles.
Si la demanda finalmente no prospera, ¿existen beneficios adicionales al presentarla de todos modos?
Esta demanda tiene varios beneficios potenciales. En primer lugar, presentar demandas contra fabricantes de alimentos ultraprocesados aumenta la concienciación sobre los problemas de salud y su relación con la dieta. Esto también podría generar más litigios y acciones de cumplimiento. Por ejemplo, a partir de 2027, el estado de Texas exigirá etiquetas de advertencia en alimentos con colorantes sintéticos como Rojo 40, Amarillo 5 y 6, Azul 1 y 2, y Verde 2. Igualmente, California aprobó recientemente una legislación histórica que prohíbe a partir del año 2027 servir alimentos ultraprocesados en escuelas públicas. Además, una ley anterior prohibió cuatro aditivos, incluyendo el colorante Rojo 3, el bromato de potasio, el aceite vegetal bromado y el propilparabeno.
Considerando sólo este caso y el de Martínez, hay demandados similares y muchas citas cruzadas de hechos entre las demandas. Esto es similar a lo que vimos en los litigios del tabaco, donde coaliciones de fiscales estatales trabajaron juntas en el litigio, a veces en conjunto con litigantes privados. Si empezamos a ver muchos casos como este, otro beneficio podría ser que las empresas decidan llegar a un acuerdo razonable en lugar de pelear, incluso si creen que tienen posibilidades de ganar. Mejor aún, esto podría motivarlas a reunirse con la FDA y preguntarse: «¿Qué debemos hacer para tener normas con las que todos podamos estar de acuerdo y que sean más adecuadas para proteger la salud pública?».
¿Debería permitirse a las empresas fabricar y vender cualquier alimento considerado ultraprocesado?
Pienso que debería haber mejores leyes y regulaciones en torno a los alimentos ultraprocesados. Creo que, en un futuro inmediato, será imposible prohibir su consumo. Pero no se debe perder de vista que el marco legal de un país descansa sobre la base de que la función del gobierno es garantizar la seguridad de los alimentos, y la definición de seguro no debe dar pie a interpretaciones ni discrecionalidades de los fabricantes.
¿Cómo caracterizaría la regulación de los alimentos ultraprocesados en Panamá por parte del gobierno?
Las instituciones relacionadas históricamente con la protección de alimentos en Panamá son MINSA, ACODECO, MIDA, MICI y en gran parte MEDUCA por aquello de la educación. Y puedo afirmar que todas han errado completamente la estrategia. Primero, el gobierno es responsable de regular las sustancias añadidas a los alimentos, pero básicamente ha delegado su poder en la industria. Se supondría que todos los aditivos alimentarios deberían someterse a una revisión previa a su comercialización, pero el MINSA y demás instancias regulatorias han decidido dejar que la industria determine si una sustancia es segura e incluso les ha dado la opción de notificar antes de usarla. Esto ha abierto las puertas a que muchas de estas sustancias sean utilizadas sin ningún control.
Con el pasar de los años, algunas de estas sustancias han sido encontradas como no aptas para el consumo humano y se han retirado de la cadena alimentaria. Sin embargo, el MINSA tarda mucho en actuar y rara vez cumple con estas regulaciones. Por ejemplo, luego de dos décadas de haberse discontinuado en Europa y Estados Unidos, el MINSA todavía no ha prohibido el uso de las grasas trans en la industria. Esto es lamentable.
¿Se implementarán normas y regulaciones más estrictas en Panamá sobre los alimentos ultraprocesados? ¿Qué piensa?
En los últimos meses, hemos visto un aumento alarmante en el consenso público sobre lo perjudicial que son los alimentos ultraprocesados para la salud. Y pareciera que el gobierno actual está dispuesto a actuar. Por ejemplo, el MINSA se ha visto apoyando el etiquetado de advertencia nutricional, lo que aumentaría la concientización de las sustancias presentes en los alimentos. Además, pareciera que el MINSA está decidido a prohibir la serie de colorantes y aditivos descontinuados recientemente en los Estados Unidos. Pero también tengo curiosidad por ver cuán sólida es la posición del MINSA, MEDUCA y ACODECO para fiscalizar la Ley 75 de 2017 que prohíbe los alimentos ultraprocesados en los comedores y kioscos escolares. Igualmente, quiero ver qué tan dispuesto está el gobierno para implementar estándares que garanticen que los alimentos sean seguros y realmente contribuyan a la salud, en lugar de inducir enfermedades. Quiero pensar que las fuerzas están alineadas para un momento de cambio, en que las autoridades no les tiemble la mano para aprobar impuestos a los alimentos procesados, independientemente de cuál sea la empresa y quiénes sean los ejecutivos que visiten la Presidencia. De verdad, estoy esperando a ver hacia dónde se dirige ese cambio ahora que los fabricantes de comida chatarra tienen un nuevo caso en los tribunales.
