Entre las víctimas de la explosión del avión se encontraban tres tripulantes y 18 pasajeros, dos de ellos eran de nacionalidad estadounidense.
Después de 31 años, Panamá podrá hacer justicia a las 21 víctimas del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, que se registró el 19 de julio de 1994, en Santa Isabel, provincia de Colón.
El principal sospechoso, Ali Zaki Hage Jalil, un colombiano de origen libanés y ahora nacionalizado venezolano, se enfrentó ayer a una audiencia oral de extradición ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cuatro días después de su captura por Interpol y autoridades venezolanas en Isla Margarita, ubicada en el país suramericano.
Durante la audiencia el Tribunal declaró procedente la extradición de Jalil a Panamá calificando los hechos como un acto de terrorismo y no como delito político, lo que permitió autorizar su entrega.
Tras la aprobación de la extradición, el sospechoso permanecerá bajo custodia judicial en Venezuela hasta que se concrete su traslado a Panamá, donde se espera que enfrente un proceso penal por el atentado, oficialmente reconocido como caso de terrorismo en el país.
La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en un comunicado con fecha del viernes 27 de marzo, en la que detalla que Panamá presentó formalmente la solicitud de extradición de Hage Jalil a Venezuela en enero de este año, cumpliendo con los canales diplomáticos establecidos entre ambas naciones.
“Las autoridades de Panamá seguirán trabajando para que se conozca la verdad, se determinen las responsabilidades y que los culpables sean sancionados”, destaca el comunicado de la Cancillería panameña.
Se conoció que Estados Unidos también ha mostrado interés en el caso, ya que entre las víctimas hay tres ciudadanos estadounidenses y existen indicios de la vinculación de Ali con el grupo terrorista internacional Hezbolá, que opera principalmente en el Líbano, pero también mantiene presencia y actividades en varios países de Oriente Medio y en otros puntos del mundo.
Investigación
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Descarga de Homicidio, a cargo de la fiscal Geomara Guerra. En el 2017, el Ministerio Público reabrió la investigación a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga, por información surtida por el Gobierno de Israel.
Con el aporte a las investigaciones del FBI e Israel, se pudo determinar que el terrorista suicida se identificaba con el nombre de Ali Hawa Jamal, el mismo que viajaba en ese vuelo con el radio que contenía el explosivo y que causó la destrucción de la aeronave que se encontraba en pleno vuelo.
Entre las víctimas estaban cuatro panameños, tres estadounidenses y los demás comerciantes hebreos que viajaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.
El hombre que llevaba el explosivo, había viajado al menos ocho veces en una semana, entre las ciudades de Colón y Panamá en los días previos al atentado, siempre con pasaportes falsos, de quien no se pudo recoger antecedentes de vida porque “no conocía a nadie”, no hablaba inglés, ni español. Según la descripción era un hombre de cabello negro, 1.80m de estatura.
De acuerdo con información procedente de Israel, este atentado tuvo como génesis la muerte del secretario general del grupo Hezbolá en esos días.
De acuerdo con el Ministerio Público, luego de revaluar los elementos probatorios, ha surgido la vinculación de otra persona que nació en Colombia, de origen libanés, que ya había sido mencionado por los israelitas como uno de los sospechosos, quien tenía contacto con el grupo terrorista Hezbolá, relacionado también a los hechos ocurridos en Argentina un día antes que ocurriera la explosión de un coche bomba, donde fallecieron 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Además, se pudo examinar que esta persona tuvo comunicación con Ali Hawa Jamal, y que el radio que contenía el explosivo pudo ser manipulado mediante un control desde tierra.
Panamá realizó en el 2024, una inspección al lugar de los hechos en cerro San Rita, en Colón, acompañados de agentes de la DIJ, de la Unidad Táctica de Operaciones Antidroga de la Policía Nacional, personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y un guía del Ministerio de Ambiente. Se pudo entrevistar a una persona que residía en este lugar, de difícil acceso, que era muy niño cuando se dieron los hechos.
Panamá trabaja este caso con la colaboración del FBI y los brazos auxiliares de la sección de Crimen Organizado y Terrorismo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
