La iniciativa, aprobada ya en primer debate, podría contribuir a reducir la dependencia en la importación de combustible, que actualmente supera los $120 millones
Como una forma de generar empleos, reducir la fuga de capitales al exterior y reducir la dependencia en la importación de hidrocarburos. Así percibe el empresario veragüense David Virzi la reciente aprobación en primer debate de la Ley 443, que regula el mercado de biocombustibles.
Según Virzi, la inciativa, que fue presentada ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos en octubre pasado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, podría ser beneficiosa para un agro que ya siente los efectos de la eliminación de los subsidios a productos como el arroz y el maiz.
En declaraciones que circularon en redes sociales, Virzi sugirió que la tierra que anteriormente era destinada a estos rubros sea asignada a la producción de bioetanol. Esta sería una medida, a su juicio, que contribuiría a que Panamá no esté en las «manos de las multinacionales, de la geopolítica, que de repente sube el precio del petróleo».
La propuesta legislativa, que fue aprobada este martes en primer debate y que introduce un 10% como el límite de bioetanol que puede ser agregado a la gasolina, puede, subrayó Vizi, ayudar a que los más de $120 millones de dólares que Panamá importa en gasolina se queden en la economía local.
Virzi, quien afirmó que hay otros países donde se le agrega hasta un 25% de bioetanol, asegura que para impulsar la industria de los biocombustibles haría falta una inversión de $400 millones y sembrar más de 25 mil hectáreas con caña de azúcar.
En el proceso, sería necesario, además, la contratación de ingenieros químicos, ingenieros industriales, «todos panameños». Añadió que, de esta forma, se impulsaría positivamemente al sector agropecuario, del que depende el 30% de la población.
En Panamá el marco normativo para la política de biocombustibles fue introducido por la Ley 42 del 20 de abril de 2011, que ha atravesado diversas modificaciones a través de los años. Tanto la normativa original, como una posterior -de 2013-, fueron objeto de una acción de incostitucionalidad interpuesta por el abogado Roberto Ruiz Díaz ante la Corte Suprema de Justicia.
Los recursos, que fueron presentados en 2015, pretendían que se declararan como inconstitucionales dos artículos, el 14 de la Ley 42 y el primero de la Ley 26, que establecían la obligatoriedad del uso del bioetanol como componente de la gasolina que se despacha a nivel local.
Frente a las pretensiones de Ruiz Díaz, la Corte Suprema de Justicia decretó en 2015 una sustacción de materia, El tribunal adujo entonces que la frase que era retada por supuestamente violentar el orden constitucional había sido modificada por una legislación posterior,
