Por: Indermit Gill and Tea Trumbic
WASHINGTON, DC – En 2012, ante la disminución de la población activa y el estancamiento económico, el entonces primer ministro japonés, Abe Shinzō, apostó por las mujeres. Para animar a más mujeres a trabajar, su Gobierno puso en marcha una serie de reformas, entre las que se incluían la ampliación de los servicios de guardería, la mejora de los permisos parentales y los incentivos fiscales para las empresas que promovieran a las mujeres. En 2019, se habían creado 2,5 millones de puestos de trabajo para mujeres, la participación femenina en la población activa alcanzaba el 67 % y la inserción laboral de los graduados era casi universal. La conclusión es clara: cuando se eliminan las barreras a la participación de las mujeres en el mercado laboral, los resultados económicos mejoran.
Hoy en día, las economías en desarrollo se enfrentan al reto contrario: un enorme aumento de la población joven. En los próximos 10-15 años, 1200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral en estas economías, que se espera que generen solo unos 400 millones de puestos de trabajo durante ese periodo, lo que implica un déficit de empleo sin precedentes.
Garantizar que las mujeres jóvenes —aproximadamente la mitad de este aumento— tengan las mismas oportunidades que los hombres para participar plenamente en la economía será fundamental para impulsar el crecimiento y el empleo. A medida que más mujeres se incorporen a la población activa en igualdad de condiciones, cada vez serán más las que creen empresas y generen puestos de trabajo. Las investigaciones muestran que, en la mayoría de los países, cerrar la brecha de oportunidades podría impulsar el PIB hasta en un 20 %.
En las últimas décadas, decenas de países han dado el primer paso para apoyar la participación económica de las mujeres mediante la reforma de las leyes familiares, laborales y financieras. Como resultado, las mujeres tienen hoy en día alrededor de dos tercios de los derechos legales de los que disfrutan los hombres, frente a apenas la mitad a principios de siglo.
Sin embargo, son demasiados los países que no dan el siguiente paso. El informe «Mujeres, empresas y derecho 2026» del Banco Mundial muestra que, incluso cuando existen protecciones sobre el papel, menos de la mitad de las políticas y servicios necesarios para aplicarlas están en vigor. Además, un nuevo índice de cumplimiento revela que estas leyes solo se aplican en aproximadamente la mitad de los casos, lo que crea una enorme brecha entre los derechos legales y la realidad vivida.
Hoy en día, solo el 4 % de las mujeres de todo el mundo viven en países que reconocen una igualdad jurídica casi total, mientras que ninguno de los 190 países incluidos en el informe «Las mujeres, las empresas y la ley 2026» ofrece a las mujeres el mismo entorno jurídico que a los hombres en las diez áreas evaluadas.
La mayor brecha se encuentra en la seguridad. La protección limitada e inconsistente contra la violencia de género impide que las mujeres se incorporen y permanezcan en la fuerza laboral. Del mismo modo, las leyes contra el acoso sexual varían considerablemente según el entorno: 143 países lo prohíben en el trabajo, pero solo 90 lo abordan en Internet, 63 en la educación y solo 36 en los espacios públicos.
Para los gobiernos que buscan más empleo y crecimiento, la cuestión no es si pueden permitirse cerrar la brecha de oportunidades para las mujeres, sino cómo pueden permitirse no hacerlo.
Otra área débil es el emprendimiento. Las mujeres pueden crear empresas legalmente en la mayoría de los países, pero siguen enfrentándose a obstáculos para obtener financiación: solo alrededor de la mitad de los países apoyan la igualdad de acceso al crédito. La falta de diversidad en el liderazgo es otra barrera para el emprendimiento, ya que solo 40 países exigen una representación mínima de mujeres en los consejos de administración de las empresas.
El cuidado de los niños es el tercer ámbito más débil, ya que la falta de servicios asequibles y de alta calidad impide que muchas mujeres accedan a un trabajo remunerado. Si bien 146 países regulan los servicios de cuidado de niños menores de tres años, menos de la mitad (66) establecen normas de calidad exhaustivas, como la proporción entre cuidadores y niños, los límites del tamaño de los grupos, los requisitos de educación o formación y las inspecciones periódicas obligatorias. Y solo 78 ofrecen apoyo financiero o fiscal a las familias.
Estas deficiencias reducen las tasas de participación en la población activa, disminuyen las horas trabajadas y frenan el empleo formal y la creación de empresas, todos ellos aspectos fundamentales para el crecimiento a largo plazo, los ingresos fiscales y la resiliencia.
La buena noticia es que, en los últimos años, los gobiernos han comenzado a abordar las áreas más problemáticas. Veintidós economías, muchas de ellas en América Latina y el Caribe, han promulgado reformas para mejorar la seguridad de las mujeres. Seis de ellas —Belice, Bolivia, Bulgaria, Perú, Surinam y Zambia— elevaron la edad mínima legal para contraer matrimonio o eliminaron la excepción del consentimiento paterno, cerrando así una laguna jurídica que permitía el matrimonio infantil. Siete economías —Argentina, Brasil, Malí, San Marino, Sri Lanka, el Reino Unido y Uruguay— introdujeron o reforzaron las leyes contra el acoso cibernético.
También se han logrado algunos avances en la creación de marcos de apoyo al emprendimiento, con 21 reformas en 19 economías. La Ley del Registro Mercantil de Surinam permite ahora a las mujeres registrar empresas de la misma manera que los hombres, eliminando una barrera estructural que existía desde hacía mucho tiempo. La Ley Orgánica de Fomento de la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador prohíbe la discriminación por motivos de género en la evaluación crediticia, añade supervisión e introduce sanciones por incumplimiento. Trece economías reforzaron la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas. Sin embargo, en general, la aplicación ha sido desigual.
Para los gobiernos que buscan más empleo y crecimiento, la cuestión no es si pueden permitirse cerrar la brecha de oportunidades para las mujeres, sino cómo pueden permitirse no hacerlo. Al armonizar las leyes que empoderan a las mujeres con cambios sistémicos, mecanismos de aplicación y presentación de informes públicos, los responsables políticos pueden hacer un seguimiento de los resultados, ajustar las estrategias y, quizás lo más importante, demostrar que la igualdad de género genera beneficios económicos cuantificables.
Indermit Gill es economista jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. Tea Trumbic dirige el proyecto «Las mujeres, las empresas y la ley» del Banco Mundial.
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