Presuntas redes de corrupción dentro del sistema judicial habrían operado durante el periodo del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, cuyos efectos podrían seguir incidiendo en procesos legales actuales.
Las investigaciones que enfrenta el exvicepresidente de Panamá por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento injustificado han reactivado cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la administración de justicia, particularmente en casos que involucran a inversionistas extranjeros.
En este contexto, el abogado Salvador Padilla Estrada dio a conocer la situación de uno de sus representados, un empresario mexicano con inversiones en el país, quien desde octubre de 2019 enfrenta un proceso judicial que, según la defensa, carece de sustento. Como consecuencia, sus cuentas bancarias, bienes y vehículos permanecen retenidos.
De acuerdo con la defensa, el proceso ha estado marcado por múltiples inconsistencias, entre ellas decisiones contradictorias, presuntas presiones indebidas y la prolongación de medidas patrimoniales incluso después de resoluciones judiciales que ponían en duda la viabilidad de las acusaciones.
En 2022, el Juez de Garantías Carmelo Zambrano rechazó la solicitud del Ministerio Público de formular imputación, al considerar insuficientes los elementos presentados. No obstante, pese a esta decisión, la investigación continúa abierta y las medidas sobre los bienes del empresario se mantienen, extendiendo una afectación que ya supera los cinco años.
Asimismo, la defensa ha señalado que durante el proceso se habrían ejercido presiones orientadas a exigir pagos indebidos a cambio de la liberación de los activos, lo que comprometería los principios de transparencia e imparcialidad del sistema judicial.
El caso también menciona la actuación de fiscales como Isis del Carmen Soto y Sandy Sedeño, quien en su momento ocupó el cargo de Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada. Aunque su salida fue presentada como una renuncia, se ha vinculado a presuntas irregularidades.
Según el abogado, estas situaciones podrían estar relacionadas con estructuras de poder que se consolidaron durante la administración en la que Carrizo ejercía la Vicepresidencia, cuyos efectos aún podrían reflejarse en decisiones dentro del sistema judicial.
Ante este panorama, la defensa considera que las investigaciones actuales representan una oportunidad para revisar a fondo estos hechos, reiterando que la lucha contra la corrupción debe garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.
