La Asamblea Nacional de Panamá vuelve a debatir la obligatoriedad del bioetanol (E10) en las gasolinas, impulsada por un discurso potente: reactivar el agro, generar empleo y abaratar el combustible. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) incluso asegura que, de haberse mantenido esta política, hoy los panameños pagarían hasta 20 centavos menos por galón.
La promesa es seductora. Pero la política pública no puede evaluarse por su atractivo, sino por su consistencia.
El argumento económico es el más llamativo: combustible más barato. Sin embargo, esa proyección parte de una “corrida matemática” que asume condiciones ideales: producción eficiente, estabilidad en los costos agrícolas y ausencia de distorsiones en el mercado. La realidad suele ser más compleja. Si Panamá no logra producir bioetanol a escala y a precios competitivos, el supuesto ahorro podría convertirse en lo contrario: un sobrecosto trasladado al consumidor.
El segundo pilar es el empleo. El MIDA proyecta miles de puestos de trabajo e incluso habla de una transformación del sector rural. Pero aquí conviene hacer la pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta cada empleo creado? Si estos dependen de una política obligatoria y de precios protegidos, no estamos ante una ventaja competitiva, sino ante una economía inducida por decreto.
El tercer argumento es ambiental. Se afirma que el bioetanol permitiría una gasolina más limpia, reduciendo emisiones contaminantes. Esto es parcialmente cierto. Pero el balance ambiental no se mide en el escape del vehículo, sino en toda la cadena productiva. Cultivos intensivos, uso de agua, fertilizantes y expansión agrícola pueden diluir —o incluso revertir— los beneficios.
El bioetanol, en principio, no es mala idea. Brasil lo ha integrado exitosamente en su matriz energética, apoyado en escala agrícola, infraestructura industrial y décadas de política sostenida. Pero Panamá no es Brasil. Carece de esa escala, enfrenta mayores restricciones de tierra y agua, y no cuenta con una industria consolidada. Y ahí comienza el problema.”
La pregunta clave no es si el bioetanol es bueno o malo, sino si Panamá está en condiciones de producirlo de forma eficiente, sostenible y competitiva. Porque si no lo está, la obligatoriedad del E10 corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de transferencia de recursos: del consumidor al productor, del interés público al interés sectorial.
Imponer una mezcla obligatoria sin una base productiva sólida puede tener efectos inmediatos: aumento en el precio del combustible, necesidad de subsidios —explícitos o implícitos— y presión sobre recursos como tierra y agua. En un país que ya enfrenta tensiones en su seguridad hídrica, este último punto no es menor. ¿Tiene sentido promover cultivos intensivos en agua para producir combustible?
El proyecto de ley en discusión añade otro elemento relevante: no solo establece la mezcla obligatoria, sino que prioriza la compra de producción nacional. En la práctica, el Estado no solo impulsa el consumo, sino que también define el origen del producto. Esto es legítimo como política de desarrollo, pero debe decirse con claridad: implica intervenir el mercado y redistribuir costos.
Panamá enfrenta un dilema estratégico. Es altamente dependiente de combustibles importados y vulnerable a la volatilidad internacional. En ese contexto, el bioetanol puede parecer una solución atractiva. Pero convertirlo en obligatorio sin una base productiva robusta puede generar el efecto contrario: mayor rigidez, mayores costos y menor eficiencia.
Nada de esto implica descartar el bioetanol. Implica, más bien, sacarlo del terreno de la consigna y llevarlo al terreno de la evidencia.
La ruta responsable no es la imposición, sino la experimentación. Programas piloto, mezclas graduales, evaluación técnica independiente y transparencia total en los costos deberían preceder cualquier mandato legal. Antes de comprometer al consumidor, el país debe comprobar que la política funciona en condiciones reales, no en escenarios ideales.
En lugar de decretar el E10 por ley, Panamá debería preguntarse qué combinación de soluciones maximiza su seguridad energética, su sostenibilidad ambiental y su competitividad económica. El bioetanol puede ser parte de la respuesta, pero difícilmente es la respuesta completa.
El riesgo, como tantas veces, es confundir política pública con política sectorial. Y cuando eso ocurre, el país termina pagando la diferencia.
La discusión en la Asamblea Nacional de Panamá es una oportunidad. No para revivir una política del pasado, sino para diseñar una estrategia energética del futuro. La diferencia entre ambas no es menor: en una se reparten beneficios; en la otra, se construye país.
Porque al final, la pregunta no es si el bioetanol suena bien. La pregunta es quién paga la cuenta.
