Panamá Ports reaccionó al fallo de la Corte que declara inconstitucional su concesión y denunció una campaña contra la empresa e inversionistas
La empresa Panamá Ports Company, S.A. (PPC) aseguró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la Ley N.° 5 de 1997, norma que sustenta su concesión en los puertos de Balboa y Cristóbal, constituye «el último desarrollo de una campaña del Estado panameño» que, según la empresa, la ha impactado durante más de un año.
En un comunicado fechado el 29 de enero de 2026, PPC informó que tomó nota de la declaración divulgada por el Órgano Judicial, aunque indicó que aún no había sido notificada formalmente de la decisión.
No obstante, afirmó que el fallo «es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato» que ha servido de base para sus operaciones portuarias «durante casi tres décadas», de acuerdo con la evaluación de sus abogados.
La empresa sostuvo que el fallo de la Corte ocurre tras una serie de medidas que considera fuera de lo esperado. «Este es el último desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC», reiteró.
PPC defendió la legitimidad del contrato al afirmar que su concesión fue producto de «una licitación internacional transparente» y que, desde entonces, ha cumplido con obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado.
También destacó que, en 28 años de operación, la compañía y su inversionista han invertido «más de 1,800 millones de dólares» en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, asegurando que esas inversiones han generado empleos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un «hub portuario y logístico de referencia mundial».
La compañía cuestionó la base jurídica del fallo y advirtió sobre efectos más amplios. «El nuevo fallo, basado en información disponible, carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y a su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas», expresó, al tiempo que afirmó que la decisión es «diametralmente opuesta» a fallos previos emitidos por la Corte en contratos similares.
PPC fue más allá al advertir sobre el impacto reputacional y competitivo del país. «La campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual (…) continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global», indicó, señalando que el respeto a los contratos y la estabilidad institucional son pilares para el desarrollo sostenible y el Estado de derecho.
Por último, la empresa indicó su disposición a cooperar con el Estado panameño, pero dejó claro que se reserva el derecho de acudir a instancias legales. «Por la campaña afectando a PPC y sus inversionistas, la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales», advirtió. PPC también hizo un llamado a la «coordinación y consultas respetuosas» para proteger la continuidad de los servicios portuarios.
