De acuerdo con el presidente del Tribunal Electoral, tienen que existir disposiciones que establezcan de una manera más clara el uso de esos fondos y exigir una verdadera rendición de cuentas.
Por Nubia Aparicio S.
En un país donde la democracia se reinventa en cada ciclo electoral, conversar con el presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Reformas Electorales de Panamá, Narciso Arellano Moreno, es adentrarse en el corazón mismo de los desafíos y esperanzas de nuestra vida política.
Carismático y dueño de una energía que contagia, nuestro entrevistado, con su sola presencia transforma el ambiente. Con una visión clara y voz firme, no teme señalar la urgencia de fortalecer la fiscalización del financiamiento político ni abogar decididamente por la paridad de género.
El Estado panameño destinó un total de $109,021,813 para el financiamiento electoral del quinquenio 2024-2029, lo que representa el 1% de los ingresos corrientes del Estado presupuestados para la vigencia fiscal 2023, según lo establece el Código Electoral. Este monto cubre tanto el financiamiento preelectoral (para la campaña) como el pos-electoral (para el funcionamiento de los partidos después de las elecciones).
En esta entrevista, el jurisconsulto nos invita a mirar de frente los retos y a imaginar juntos una democracia más justa, transparente e inclusiva.
Más que un funcionario, se presenta como un motor de cambio decidido a fortalecer la democracia panameña. Esa es la razón por la que afirma que el año que le queda como presidente del Tribunal Electoral aspira dejar una institución con credibilidad, tarea que continuará después como magistrado, hasta que se cumpla su período.
El Tribunal Electoral es el máximo órgano del Estado encargado del registro civil, cedulación, certificación de estado civil y celebración de las elecciones en la República de Panamá.
Sede del Tribunal Electoral. | Foto: Eduardo Dutary / Destino Panamá
Arellano Moreno es una figura sin afiliación política, lo que marca un hito en la historia de la nueva era democrática que inició en 1990. Para él fue una sorpresa su designación…la verdad es que no lo esperaba. Su pasión es enseñar, labor que ejerció durante 42 años de su vida profesional, en la Universidad Santa María la Antigua; tarea que ha dejado a un lado por los compromisos que ha asumido en los últimos años.
Magistrado, ¿usted cómo evalúa el estado actual de la democracia panameña y qué papel debe desempeñar el Tribunal Electoral en su fortalecimiento?
La evaluación que yo pudiera hacer de la democracia en Panamá es muy buena. Si la comparamos con otros países, yo diría que mucho mejor. Y el papel que juega el Tribunal Electoral en la democracia es de vital importancia. Por eso le llamamos la ´Casa de la Democracia´. Aquí es donde necesitamos que la democracia se mantenga para el bien de toda la ciudadanía.
El presidente de la República, el señor José Raúl Mulino, ha prometido una constituyente y le ha puesto como apellido “originaria”. ¿Estaría usted de acuerdo con una constituyente originaria?
Actualmente la Constitución no contempla de manera expresa la figura de la constituyente originaria, pero cuando digo de manera expresa, no quiere decir que no pueda existir una constituyente originaria; hay opiniones divididas sobre el particular. Pero como Tribunal Electoral no pudiera decir si es viable o no; se tendría que hacer un estudio ese es un estudio a fondo para tomar una decisión. Al final corresponderá al Tribunal Electoral, si se llama a una constituyente originaria o paralela, intervenir; no sería ahora mismo el momento oportuno.
¿Y qué opinión usted tiene sobre la segunda vuelta? Ahora mismo hay muchos comentarios en el sentido de que “ese presidente fue elegido solamente con el 34%”, pero de acuerdo con la Constitución el porcentaje es válido. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Piensa que es necesaria una segunda vuelta?
Usted respondió, es un problema constitucional. La Constitución establece la prohibición de la reelección inmediata por dos períodos, lo que significa que tendría que hacerse una reforma constitucional para lograr una segunda vuelta.
Aparte de ser magistrado presidente del Tribunal Electoral, usted preside también la Comisión de Reformas Electorales. Desde su óptica, ¿cuáles son los principales cambios que se deben hacer en el Código Electoral?
Primero, como presidente del Tribunal Electoral y como presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, yo pienso que son varios temas que serían necesarios, que requieren de una modificación. El financiamiento político, la fiscalización de ese financiamiento político, la asignación de curules en los circuitos plurinominales, la paridad de género, para citar solo algunas. Sin embargo, actualmente estamos únicamente analizando las reformas en un primer bloque que contempla disposiciones del Código Electoral y posteriormente iniciaríamos las discusiones de otros bloques donde entrarían temas como los que acabo de mencionar.
¿Cómo planea abordar el financiamiento político, y el uso de los medios digitales en las campañas electorales?
La fiscalización de los financiamientos políticos se puede lograr a través del fortalecimiento de esa fiscalización y de la rendición de cuentas. Eso es lo que pudiera asegurar la fiscalización y darle tranquilidad a la ciudadanía en cuanto al uso de esos fondos públicos.
La tecnología también juega un papel muy importante y en la medida en que sea bien usada, sería en beneficio de todos.
¿Y qué medidas implementaría el Tribunal Electoral para garantizar esa transparencia a la que usted se refiere, de manera que haya confianza ciudadana en los próximos procesos electorales?
En los próximos procesos electorales el uso del financiamiento político se puede garantizar, como mencioné hace un momento, a través de una fiscalización férrea. Tienen que existir disposiciones que establezcan de una manera más clara el uso que se le pueden dar a esos fondos y exigir una verdadera rendición de cuentas.
Que es lo que no hay ahora, ¿no?
Sí hay una fiscalización. Actualmente existe, incluso hay una Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político, pero se requieren normas que hagan más efectivo el uso de esos fondos públicos.
Sería una reglamentación, digamos…
Se podría reglamentar. Aunque en mi opinión, sería mejor si lo elevamos a rango de ley y que no esté sujeto a reglamentaciones que es lo que a veces se critica: que el Tribunal está interpretando o legislando a través de reglamentos.
En otro tema, ¿cómo garantiza la seguridad y privacidad de los datos personales en un contexto de creciente digitalización?
La forma de garantizar es cumpliendo, como en efecto lo está haciendo el Tribunal Electoral, con las normas internacionales sobre el uso de la tecnología, las herramientas que ya existen y el cumplimiento de la Ley 81, que, precisamente, se refiere a la protección de datos personales y convenios.
Entonces, a través del cumplimiento de la ley, del uso adecuado de la tecnología, se logra ese objetivo. Es muy importante la seguridad de los datos para que la ciudadanía esté tranquila… que sus datos personales se van a mantener en reserva.
Su nombramiento ha sido destacado por no estar vinculado a partidos políticos. ¿Cómo usted piensa mantener esa línea de independencia?
Continuar con mi trayectoria. Ser transparente y fundamentar decisiones en apego a lo que establece la Constitución y la ley. Esa es la mejor manera. Así no se reciben presiones políticas. Dicen que los jueces y los magistrados solo hablan mediante sus fallos y sentencias. Entonces, con una sentencia bien motivada y con apego a la ley y a la Constitución, no hay más nada que decir.
¿Cómo evalúa usted la efectividad de la educación cívica o electoral en Panamá? ¿Y qué mejoras considera necesarias?
La educación cívica es para el Tribunal Electoral algo muy importante. Se han realizado muchos convenios. El Tribunal Electoral siempre ha procurado la participación de los jóvenes.
En las elecciones pasadas, en 2024, la participación de los jóvenes fue excelente, el 75.5% de los jóvenes entre 18 y 25 años, participó en los comicios. Hace unos días, el Tribunal Electoral firmó un convenio con MEDCOM para llevar adelante lo que se denomina ´Debate Z´, con la participación de jóvenes estudiantes. Pienso que a través de esos convenios y una educación cívica, lograremos una mayor participación de la juventud, tal y como dije en mi intervención cuando se firmó ese convenio. Hay que decirle a los jóvenes que no tengan miedo, que participen, que sus ideas serán respetadas.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el Tribunal Electoral de cara a las elecciones generales de 2029?
Tenemos un gran reto. Estamos trabajando en la Comisión de Reformas Electorales y el reto es modificar aquellas disposiciones que den más transparencia, más garantías para todos, y que esas modificaciones, posteriormente, una vez lleguen a la Asamblea Nacional, sean aprobadas para que en las elecciones de 2029 haya más confianza en la ciudadanía.
¿Qué legado espera dejar al concluir su gestión como presidente del Tribunal Electoral?
El año que me queda como presidente del Tribunal Electoral aspiro dejar un Tribunal Electoral con credibilidad, tarea que voy a continuar después como magistrado, hasta que se cumpla mi período.
Resumen de su carrera
El magistrado Narciso Arellano Moreno es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), donde ejerció como decano y profesor de la cátedra de Contratos Civiles.
También fue magistrado suplente del Primer Tribunal Superior de Justicia y socio de la firma forense Alfaro, Ferrer & Ramírez y socio de la firma Arellano & Asociados.
Fue secretario de la Junta Nacional de Escrutinio en dos ocasiones; miembro de la Comisión Especial de Consultas de las Reformas a la Constitución Política (2011). Ha escrito varios ensayos y textos de derecho y recibido múltiples reconocimientos por sus aportes a la enseñanza universitaria y a la evolución del derecho en Panamá.
