Nuestro Panamá se encuentra atravesando una etapa difícil en su vida democrática. El escenario de protestas, huelgas y bloqueos de algunos sectores gremiales y sindicales es frecuente y lleva ya varias semanas. Ante la falta de argumentos diferentes a reclamar la derogatoria de la ley 462, no hay espacio para pensar que estos actos son productos de la frustración ciudadana, más bien, parecen manifestaciones disfrazadas, acompañadas de actos que rozan la insurrección, el sabotaje o la coacción colectiva.
Además, somos convencidos de que todos estos actos se están nutriendo de un elemento en común: la desconfianza hacia el Estado. Me agradaría que este artículo llame a la reflexión sobre la necesidad de lograr un equilibrio y responsabilidad de las manifestaciones, sin pretender disminuir el derecho a manifestarse ni minimizar las legítimas luchas sociales.
Es hora de entender que el país está atrapado entre las protestas de estos sectores intransigentes y el deber del gobierno de garantizar derechos y mantener el orden público. Y si no recuperamos el respeto mutuo y la legalidad, será la propia democracia la que colapse, lo cual parece que algunos sectores persiguen. Como evidencian sus propios actos, algunas de estas manifestaciones han desbordado los límites de la protesta pacífica y democrática, convirtiéndose en bloqueos indefinidos, paralizando servicios esenciales y confrontando el orden institucional. Ya no se trata solo de lo que se reclama, sino de cómo se reclama y a qué costo.
Todo parece indicar que muchos ciudadanos piensan que las protestas son intocables y sin limites, incluso el de pretender hacer colapsar el equilibrio de nuestra democracia. La desconfianza que se endilgan a estas protestas no surgió de la nada. Es el resultado de una larga y funesta herencia de corrupción impune, clientelismo institucionalizado, promesas incumplidas y decisiones públicas desconectadas de la ciudadanía. Muchos han visto cómo el poder servía a intereses particulares y cómo la justicia ha sido selectiva o ineficaz. Esa experiencia acumulada ha erosionado la fe en la institucionalidad al punto que, incluso cuando el Estado actúa correctamente, se le niega el beneficio de la duda.
Es justo reconocer que el gobierno actual ha intentado marcar una diferencia. Ha enfrentado el reto sin titubeos de ordenar lo que por años se evadió y ha abierto espacios de construcción de diálogos y reformas. Pero ese esfuerzo ocurre en un ambiente donde parte de la ciudadanía confunde el derecho a protestar con el poder de paralizar, donde la protesta pública no distingue entre manifestación legítima y sabotaje y donde se ha pretendido convertirlas en un mecanismo de imposición sin límites. Un ejemplo claro lo vivimos en Bocas del Toro, donde la posición intransigente de sectores sindicales radicalizados provocó la pérdida de más de 5,000 empleos formales. Lejos de buscar soluciones, se mantuvieron los bloqueos, el enfrentamiento y el desprecio por el bienestar colectivo. Miles de familias quedaron sin ingresos, y nadie asume la responsabilidad del daño. ¿De verdad eso es justicia social? Todo parece indicar que lo que se dice en esas protestas y cierres no coincide con las verdaderas intenciones de los manifestantes. Sobre todo si se entiende que la Ley 462 fue debatida, modificada tras consultas y aprobada por una mayoría legítima en la Asamblea Nacional, Organo que representa a toda la ciudadanía.
Pretender ahora que se derogue una ley aprobada democráticamente mediante presión, es negar la representación política de todas las curules que integran la Asamblea Nacional para sustituirla por la fuerza bruta. Ante los hechos que se dan, el gobierno tiene la oportunidad y la obligación de liderar con firmeza democrática y debe hacerlo sin miedo y con fuerza, acompañado de la legalidad y el sentido común.
Uno de los retos más difíciles de esta obligación es reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados. Ya es hora que se entienda y acepte que la anarquía no es libertad, que la impunidad no es justicia y que todos debemos procurar estar del mismo lado para lograr una transformación duradera y lograr la convivencia pacífica, digna y justa para todos. SIN LIBERTAD NO HAY DEMOCRACIA.
