Según el Ejecutivo de United Against Nuclear Iran, el 17% de los buques sospechosos de transportar petróleo iraní navegan bajo la bandera panameña
De “engañosas” calificó el Gobierno de Panamá las acusaciones hechas por Mark D. Wallace, director Ejecutivo de United Against Nuclear Iran (UANI), sobre la aplicación de sanciones contra el comercio de petróleo de Irán.
La respuesta de Panamá se debe a las recientes declaraciones de UANI, en la que asegura que el 17% de los buques sospechosos de transportar petróleo iraní (94 de los 542 buques rastreados) navegan bajo la bandera panameña.
Estos datos, llevaron a Mark D. Wallace a solicitar sanciones “inmediatas contra Panamá”, aduciendo que el país centroamericano facilita miles de millones de dólares en ventas de petróleo en Irán.
Panamá, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) – entidad encargada del Registro de Naves de Panamá y órgano rector del sector marítimo panameño- aclaró que desde el 2019 ha excluido de su registro a más de 650 buques.
La medida tomada por la AMP, se base en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y como parte de sus esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, destacó la AMP en un comunicado.
En marzo de este año, la AMP dio de baja a 107 buques vinculados a violaciones de sanciones.
El año pasado Panamá implementó nuevos requisitos para las operaciones de transferencia de petróleo entre buques y promulgó en octubre de 2024 el Decreto Ejecutivo N° 512, que faculta a la AMP retirar unilateralmente del registro a buques cuyos propietarios aparezcan en listas de sanciones internacionales.
Desde la promulgación de este decreto, el país ha cancelado 214 embarcaciones, lo que representa más de 12 millones de Toneladas de Registro Bruto (TRB).
La AMP realiza investigaciones sobre el cumplimiento de las convenciones internacionales ratificadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), diligencia debida y recomendaciones del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los buques que incumplen con las regulaciones nacionales están sujetos a sanciones administrativas y económicas, e incluso a la cancelación de su registro.
